Denuncia pública de los malos tratos sufridos por las mujeres víctimas de violencia machista en el Centro de la Mujer LA DAMA, en Elche.
“El equipo no estaba preparado para tratar con mujeres que ya están sufridas”
Ana María Iborra Asencio
Cuando entrevisto a Juliana López (nombre ficticio) estaba recuperando las ganas de vivir tras una oscura temporada. Juliana López es una mujer brasileña, superviviente de violencia de género y prostitución. Decidió hablar conmigo para denunciar públicamente los malos tratos que sufrieron ella y otras compañeras en el Centro de la Mujer LA DAMA en Elche; un lugar en el que se supone que se acoge a víctimas de violencia de género con la intención de ofrecerles protección de la violencia y atención a sus necesidades. En esta entrevista nos relata su historia de revictimización.
Un país que no da oportunidades
Juliana López nos deja claro cuál es su experiencia de la prostitución: “Hay cosas horribles que se pasan dentro de una casa. No es solo sexo, pasan cosas peores, cosas terribles que una mujer tiene que hacer. La gente se piensa que es placer y dinero. Vosotras no tenéis ni idea de lo que ellos quieren, de lo que ellos piden y de las cosas que tenemos que hacer”. Los ingresos que obtenía mientras estaba prostituida estaban, lógicamente, muy lejos de sacarla de la precariedad.
Las consecuencias de la pandemia
En el contexto de la prostitución, Juliana López conoció al hombre que se convertiría en su prostituidor y en su maltratador. La pandemia del COVID llegó, su situación se volvió todavía más precaria y su nueva pareja se presentó como su salvador: “Me ofreció su casa, me dijo que dejara la prostitución, que trajera a mi hija a su casa... Yo puse mi esperanza en él y me volví totalmente dependiente de él porque no tenía trabajo. No tenía nada. Ya había vendido todo lo que me quedaba: anillos, collar, teléfono, ordenador… Me volví un juguete en sus manos para que él hiciera lo que quisiera”.
En el momento en que Juliana López estuvo en una situación de total dependencia de él, los malos tratos y las agresiones aumentaron:
“Teníamos una orden de alejamiento previa compartida. Era compartida porque, en una ocasión en la que él me estaba pegando, yo le mordí. Al parecer una mujer no se puede defender, la mujer se tiene que tumbar y que la maten. En España funciona así. Si no, tú también eres una agresora. Pero fue durante la pandemia, después de que me rompiera las costillas, cuando entré al piso de acogida en Valencia, y de ahí ya fui a parar al piso tutelado de Elche”.
De la violencia de género a la violencia institucional
Después de denunciar la violencia de género a la que había estado sometida, Juliana López consiguió entrar en un piso de protección para víctimas de violencia de género en Elche. En este lugar, dónde ella esperaba poder recuperarse y hacerse fuerte para empezar una nueva vida, se vio sometida a otro infierno:
“Había discriminación. Hubo maltrato psicológico. Era un equipo muy poco preparado. Estaba todo muy mal organizado. Una trabajadora social nos llegó a decir a la cara “A mí no me gusta este trabajo, lo hago por el dinero”. Lo peor era el apoyo psicológico. De hecho, cuando entramos, aunque había una psicóloga, no ejercía con nosotras; así que estuvimos dos semanas sin ningún tipo de atención psicológica y cuando la tuvimos, no fue nada profesional. Temas que eran tratados con la psicóloga dentro de la habitación, las educadores los escuchaban, y luego hacían burla de ellos cuando estábamos en la mesa, riéndose de lo tratado en la terapia. En cuanto a actividades, fueron dos veces las que jugamos al Uno, una vez que salieron con nosotras a caminar, y dos veces que, después de suplicárselo insistentemente, cogieron los coches de la Fundación Diagrama que tenían a su disposición y nos llevaron a la playa”.
La vida de las usuarias en el centro se limitaba a cumplir las normas establecidas en cuanto a horarios, a cocinar -no solo para sí mismas, sino también para las propias educadoras sociales- y a limpiar la casa. No había ningún plan de actividades formativas ni recreativas, de forma que el piso se parecía más a una cárcel que a un proyecto para su recuperación psicológica y reinserción socio-laboral. Juliana López también denuncia que la alimentación que se les ofrecía era deficiente:
“La compra venía hecha, la compra llegaba. El problema es que lo que nos ofrecían no era variado ni equilibrado, la única carne que nos daban era pollo, la comida era casi siempre comida congelada de mucho tiempo: sin nutrientes, sin nada. Había una niña que perdió cinco kilos porque la comida no era la que acostumbraba a comer y no comía. La madre tenía que comprar comida para ella. El personal nos hacía sentir mal si comprábamos comida fuera porque decían que la comida de fuera no podía entrar”.
Otra de las cuestiones que Juliana López relata fue la negligente gestión de dos intentos de suicidio en diferentes momentos.
“Una compañera un día estaba en crisis… y yo me preocupé porque estaba encerrada en la habitación y no contestaba, así que empecé a llamarla desde el patio interior y nada... Como ella no me contestaba, sospeché que ocurría algo y avisé a la educadora: “¿Qué pasa con M? Tenemos que entrar, tenemos que abrir la puerta. No contesta, algo está mal”. No me hicieron caso, pero yo me subí al taburete que había en mi habitación y ví que la lámpara de su habitación se había caído. Ahí supe que de verdad pasaba algo, pero la educadora insistía: “No, déjala tranquila, ella necesita su tiempo…” Yo le decía: “Ella tiene depresión no se la puede dejar con la puerta cerrada, se echa la puerta abajo o lo que haga falta...”Y la educadora seguía: “No, no, ella necesita su tiempo” Y yo: “No y no y no”. Por fin, tras mucho insistirle, abrimos la puerta y en realidad la chica ya estaba toda cortada...Vamos, si una se mata allí, no era problema de ellas. Las trabajadoras pasaban de todo”.
El otro intento de suicidio de otra mujer por suerte tampoco tuvo éxito y, aunque fue presenciado por todas las usuarias, Juliana López cuenta que la coordinadora del piso simplemente dijo: “Venga, todas a dormir que se acabó el problema”.
A pesar de que habían presenciado dos intentos de suicidio en la casa, Juliana López cuenta que nadie se interesó por saber hasta qué punto les había afectado ser testigos de tales sucesos. No se trabajó con ellas para que no les quedaran secuelas psicológicas y que pudieran relajarse o sentirse seguras.
Baja voluntaria del piso de protección
Juliana López entró en aquel piso el 11 de mayo y se dio de baja voluntaria el 20 de julio porque la situación le resultaba “insoportable”. Su malestar era compartido por las 10 usuarias que conoció allí, y con quienes sigue en contacto hasta la actualidad: “Todas hemos salido peor de lo que entramos”, dice Juliana López.
Los trabajadores no aprendían de sus errores y la gestión del piso fue cada vez a peor, hasta que finalmente la Dirección Territorial del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género supo de algunas de las circunstancias y lo tuvieron que cerrar. Sin embargo, no contentos con haber revictimizado a tantas mujeres, la Fundación Diagrama optó por tratar de echar a las más vulnerables a la calle en lugar de derivarlas: “Las trabajadoras del centro fueron tirando poco a poco a las usuarias a la calle. A una compañera con discapacidad auditiva y que no conoce el idioma, le dijeron que ella y su hija pequeña no podían seguir en el centro y se tuvo que ir. A otra compañera le hicieron igual, y a otra compañera migrante muy joven la quisieron echar argumentando que como había hecho una sustitución de camarera durante un mes, ya tenía dinero para irse. A ella la presionaron hasta que le provocaron un ataque de pánico por el que terminó en el hospital. Encima, al volver la coordinadora le dijo: “Prepara las maletas que te tienes que ir”. La chica se armó de valor y amenazó con llamar a la policía si la echaban, y gracias a eso pudo conseguir que la derivaran a otro centro. Allí ha descubierto que parte del equipo del centro de Elche ya había trabajado ahí, y que los habían echado por incompetentes…”
Estas expulsiones son irregulares y constituyen una infracción, ya que según la Orden de 17 febrero de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, sobre condiciones y requisitos para la autorización de los Centros Especializados para mujeres en situación de riesgo social, y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana, la mujer que entra en una vivienda tutelada por violencia de género, tiene derecho a seis meses de estancia prorrogables a otros seis más si no han logrado mejorar su situación. Sin embargo, muchas de las usuarias que siguen en contacto con Juliana López y que fueron expulsadas del centro sin ser derivadas, ni tan siquiera habían cumplido los 6 meses previstos en la mencionada Orden; condición que también constaba en sus contratos.
Cierre por caos y vuelta a empezar
Cuando realizo la entrevista a Juliana López, me informa de que el piso ha sido cerrado después de haber expulsado a todas las mujeres y que se ha vuelto a abrir tiempo después, conservando a algunos “profesionales” del mismo equipo.Desde el movimiento feminista, queremos denunciar la revictimización que han sufrido estas mujeres por parte del estado, quien deriva en entidades externas que no son feministas
los Servicios que deberían ser públicos; convirtiendo a las mujeres en una moneda de cambio. No se puede tolerar que se dé este trato a mujeres que ya vienen de situaciones de extrema vulnerabilidad. Denunciamos que se haya incurrido en negligencias muy graves provocando una severa revictimización que ha condenando a las mujeres a recurrir de nuevo a sus maltratadores y/o a la prostitución para sobrevivir.
También: “Nos trataban peor que a los perros”. Artículo de Nuria Coronado en el siguiente enlace
